
Cuánto cuesta un divorcio: abogado, procurador y gastos
Cuánto cuesta un divorcio: honorarios del abogado, procurador, notario y otros gastos, y de qué depende el precio. Guía de una abogada en Valladolid.
La guarda y custodia determina con cuál de los progenitores vivirán los hijos menores tras una separación o un divorcio y quién se ocupa de su cuidado diario. Es una de las decisiones que más preocupa a las familias en una ruptura y también una de las que más dudas genera. En esta guía le explicamos cómo funciona en España, con un lenguaje claro y sin atajos.
Despacho de Mónica Fernández de León · Abogada colegiada nº 2250 · Actualizado en octubre de 2026 · 7 min de lectura
La guarda y custodia es el derecho y el deber de tener a los hijos menores en compañía y encargarse de su cuidado cotidiano: dónde viven, quién los lleva al colegio, quién los atiende cuando enferman o quién organiza su día a día. Mientras los progenitores conviven, ambos la ejercen de forma natural. La cuestión se plantea cuando se separan, se divorcian o terminan su relación y hay que decidir cómo se organiza la convivencia con los hijos.
Esta decisión afecta tanto a matrimonios como a parejas de hecho o a progenitores que nunca convivieron. No hace falta estar casado para pedirla: si no hay acuerdo, se resuelve ante el juzgado.
Son conceptos distintos que a menudo se confunden. La patria potestad es el conjunto de derechos y deberes de los progenitores hacia sus hijos menores: representarlos, administrar sus bienes, velar por ellos y decidir sobre cuestiones importantes como su educación o su salud. La guarda y custodia se refiere a la convivencia y al cuidado del día a día.
Lo habitual es que, tras la ruptura, ambos progenitores conserven la patria potestad aunque la custodia la ejerza solo uno. Perderla es excepcional y exige una resolución judicial por incumplimiento grave de los deberes hacia los hijos. Por eso, quien no tiene la custodia sigue teniendo voz en las decisiones importantes que afectan a sus hijos.
En España existen dos modelos principales.
Los hijos viven de forma habitual con uno de los progenitores, que se encarga de su cuidado diario. El otro tiene derecho a un régimen de visitas y estancias (fines de semana, parte de las vacaciones, comunicaciones) que se fija según la edad de los hijos y las circunstancias de la familia, y contribuye a su sustento mediante la pensión de alimentos.
Los hijos conviven con cada progenitor durante periodos equilibrados, por ejemplo semanas o quincenas alternas, y ambos asumen su cuidado diario mientras los tienen consigo. El calendario concreto se adapta a la edad de los hijos, a los horarios laborales y a la distancia entre los domicilios. Funciona mejor cuando existe un mínimo de comunicación y coordinación entre los progenitores.
En cualquiera de los dos modelos, los jueces procuran no separar a los hermanos.
Hay dos caminos.
Si los progenitores se entienden, pactan la custodia y el resto de medidas en un convenio regulador que se presenta al juzgado. El juez lo aprueba siempre que proteja el interés de los hijos. Es la vía más rápida y la que suele reducir el desgaste de la familia. Antes de llegar a ese punto, la mediación familiar puede ayudar a alcanzar un acuerdo con ayuda de un profesional neutral.
Si no hay entendimiento, decide el juez en un procedimiento contencioso, tras valorar las pruebas, los informes que considere necesarios (a veces del equipo psicosocial del juzgado) y el dictamen del Ministerio Fiscal.
En ambos casos manda un criterio: el interés superior del menor, no el de los padres. Los tribunales suelen valorar, entre otros factores, la relación de cada progenitor con los hijos antes de la ruptura, su disponibilidad, la cercanía de los domicilios, el arraigo de los menores en su entorno y la opinión de los que tienen suficiente madurez, a quienes el juez puede escuchar.
Conviene saber, además, que desde abril de 2025 la Ley Orgánica 1/2025 exige en muchos conflictos civiles acreditar un intento de negociación previo (por ejemplo, una mediación) antes de presentar la demanda. Su alcance en los asuntos de familia depende del tipo de procedimiento y de los criterios de cada juzgado, de modo que es recomendable consultar el caso antes de demandar.
El Código Civil (artículo 92) permite la custodia compartida cuando los progenitores la piden de común acuerdo y también, a falta de acuerdo, cuando la solicita uno de ellos y el juez entiende que es lo mejor para el menor. El Tribunal Supremo ha declarado que no debe considerarse una medida excepcional (sentencia 257/2013, de 29 de abril), pero tampoco es automática: el juez examina cada caso y la concede solo si beneficia a los hijos.
Esto rige en el derecho común, que es el aplicable en Castilla y León. Algunas comunidades con derecho civil propio, como Aragón o el País Vasco, regulan la custodia compartida como modalidad preferente.
No procede la custodia compartida cuando uno de los progenitores está incurso en un proceso penal por atentar contra la vida, la integridad, la libertad o la indemnidad sexual del otro progenitor o de los hijos. Tampoco cuando el juez aprecia indicios fundados de violencia doméstica o de género (artículo 92.7 del Código Civil).
Reforma en tramitación. En 2026 el Gobierno ha impulsado una reforma de la ley de protección de la infancia frente a la violencia (LOPIVI, Ley Orgánica 8/2021) que, entre otras medidas, pretende impedir la custodia compartida cuando existan indicios de que pueda perjudicar la salud física, psíquica o emocional del menor. A la fecha de este artículo no es ley: mientras no se apruebe y se publique en el BOE, sigue aplicándose el régimen actual.
La guarda y custodia no se decide sola. En el convenio o en la sentencia se fijan, normalmente:
Si la custodia se decide dentro de un proceso de divorcio, todas estas medidas se resuelven en el mismo procedimiento. Si los cónyuges se casaron en gananciales, la liquidación de la sociedad de gananciales se tramita aparte o en el mismo convenio, y conviene tener presente su efecto sobre la vivienda. Para conocer el coste de todo el proceso, puede consultar cuánto cuesta un divorcio.
Sí, pero no basta con que uno de los progenitores cambie de opinión. Las medidas pueden modificarse cuando se produce una alteración sustancial de las circunstancias que se tuvieron en cuenta al fijarlas: un cambio de domicilio o de situación laboral de un progenitor, nuevas necesidades de los hijos o el incumplimiento reiterado del régimen acordado. Se solicita mediante un procedimiento de modificación de medidas, de común acuerdo o por vía contenciosa.
De mutuo acuerdo, mediante un convenio regulador que se presenta al juzgado. Sin acuerdo, con una demanda (de divorcio, de separación, de modificación de medidas o, si los progenitores no están casados, un procedimiento específico), que se presenta con abogado y procurador.
No existe una edad en la que el menor decida. El juez puede escucharle si tiene suficiente madurez y su opinión se valora como un elemento más, junto con el resto de circunstancias, sin que sea vinculante.
Sí. Puede solicitarla uno solo de los progenitores y decidirá el juez según el interés de los hijos. El Tribunal Supremo no la considera una medida excepcional, pero tampoco se concede de forma automática.
No. La patria potestad suele seguir siendo compartida aunque la custodia la ejerza solo uno de los progenitores. Solo se pierde por resolución judicial, en casos graves de incumplimiento de los deberes hacia los hijos.
La custodia compartida no elimina por sí sola la pensión de alimentos. Se fija según las necesidades de los hijos y los medios de cada progenitor, de modo que puede existir si hay diferencia de ingresos.
Cada familia es distinta y la decisión depende de sus circunstancias concretas. Si está pasando por una separación o un divorcio y tiene dudas sobre la custodia, Mónica Fernández de León, abogada colegiada en Valladolid, puede estudiar su caso. Puede conocer también el área de derecho de familia del despacho.
Este artículo tiene carácter informativo y no sustituye el asesoramiento jurídico sobre un caso concreto. Información elaborada según la normativa vigente en octubre de 2026.

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